TAMBIÉN LOS DE OTROS
PARTIDOS...
En estas páginas se sigue la vieja consigna
carlista: “palo al burro blanco, palo al burro negro, palo a todo burro que
no ande derecho”. Hace unos números, en él, se publicaba una colaboración en
la que se recordaban los “negociejos” de la etapa presidida por Felipe González,
aquel gobierno que nos llenaba las calles con cartelones de los “Cien años de
Honradez” (¡!) del PSOE, pero que durante tres legislaturas tanto trabajo
proporcionó a tribunales y a funcionarios de prisiones, aunque a estos últimos
bastante menos, y si no que se lo digan a los custodios de Vera, Barrionuevo, Amedo... y demás compañeros mártires que rápidamente fueron dispensados de la
residencia gratuita por motivos diversos, especialmente de “salud”, en una
epidemia que incluso ha afectado (gobierno de Aznar) al general Galindo. Pero
como resulta que tal Honradez, en este nuestro querido y desgraciado país de
países mantiene lagunas muy significativas, consideramos justo, equitativo,
dedicar unas líneas a los “presuntos” supuestos y casos de quienes ahora no
ocupan la Moncloa pero sí algunos gobiernos autonómicos y bastantes
consistorios.
Empecemos por el País Valencià, territorio
próspero donde los haya y en el que actualmente se estan “ofrendando nuevas
glorias a España”, según quiere su “himno regional”, en forma de ladrillo y
consistencia de “pelotazo” urbanístico a costa –nunca mejor dicho lo de
“costa”- de destruir el litoral y ese país entero. La sucursalista burguesía
valenciana ha transformado aquél “Levante feliz” en una de las joyas de la
corona (junto con Madrid) del PP a escala estatal y su gran facedor ha
sido el Sr. Zaplana , martillo de díscolos socialistas, y que desde que llegó a
la alcaldía de Benidorm gracias a la providencial intervención de una tránsfuga
(que en el “popular” ayuntamiento de ese Manhatan de la tercera edad sigue, al
cabo de tantos años, colocada junto con su marido) no ha cesado de subir
políticamente y de prosperar a todos los niveles. Dicho señor, “molt honorable”
desde que alcanzó la presidencia de la Generalitat valenciana, fue el
responsable máximo de “Terra Mítica”, parque de atracciones situado en
territorio de Benidorm, y en el que tras resultar un estrepitoso fracaso con
varios miles de millones de antiguas pesetas de déficit (la Generalitat ha
destinado a esa empresa 91.531.478 euros desde 1998, y al día de hoy la referida
empresa debe a las arcas públicas 56.861.034´39 euros); también que en esa etapa
de gobierno el contratar a Julio Iglesias por su amigo el entonces presidente
de la Generalitat, Sr. Zaplana, para que representase a Valencia por todo el
mundo (¡un gallego representando al País Valencià!, es como si Joan Manuel Serrat hiciese lo mismo respecto a Andalucia) costó la suma de 1000 millones de
antiguas pesetas, aunque los papeles justificativos reflejan una cantidad muy
inferior.
Pero hay personajes no tan conocidos a nivel del
Estado, aunque sí en iguales tierras valencianas. Por ejemplo, el Sr. Fabra, del
PP, presidente de la diputación provincial de Castelló que está imputado por
delitos contra la administración pública, así como acusado de tráfico de
influencias y cohecho, y respecto al que en junio de 2005, la titular del
Juzgado de Instrucción nº 1 de Nules admitió a trámite una denuncia de la
Agencia Tributaria por presunto delito fiscal (se le acusa de un impago de
cuotas del IRPF por 150.000 €); por cierto que en este llamado “caso Fabra” se
han sucedido hasta siete jueces y cuatro fiscales, en dos años. Lo último es que
han sido llamados a declarar nada menos que cuatro ex ministros del Gobierno de
Aznar: dos de Agricultura, una de Sanidad, y el de Ciencia y Tecnología, además
de a otros antiguos cargos de menor nivel. El Sr. Fabra sigue de presidente de
la Diputación de Castelló, por lo que en él no se ha cumplido el código ético
del PP que sí ha sido exigido en asuntos de otros partidos.
Más al sur, en Orihuela, tenemos a su alcalde,
José Manuel Medina, y a cinco concejales (todos del PP) junto con cuatro
promotores y la firma Nexo contra los que la fiscalía ha remitido denuncia al
juzgado por presuntos delitos de prevaricación, falsedad, tráfico de influencias
y malversación en treinta casos de corrupción relacionados con la gestión
urbanística y contable del ayuntamiento.. Otro alcalde, Pedro Angel Hernández
Mateo, de Torrevieja (presidente del PP local) esta imputado por un juez de esa
población por un supuesto delito de tráfico de influencias derivado de la
millonaria plusvalía obtenida con la compraventa de una finca (la compró en 2002
por 180.000 € y dos años mas tarde la vendió por 5,4 millones de € ). El de
Alicante, Luis Diaz Alperi, junto con a otro concejal, Juan Zaragoza, y a José
Mª Rodríguez Galant, los tres del PP, están imputados en la investigación
judicial por el supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en las
cuentas de la empresa pública Mercalicante. Hay mucha “tela que cortar” en esa
tierra, por ejemplo lo de la sentencia condenatoria por compra de votos, a 50 €
el voto, en determinada población vitivinicola cercana a Valencia capital.
Por desgracia ahí no queda la cosa. En
Canarias, un ex director general de Industria del Gobierno de esas islas, Celso
Perdomo (PP) está en prisión preventiva por cuatro supuestos delitos
(malversación de fondos, facilitar información privilegiada, cohecho y tráfico
de influencias) en una presunta trama para favorecer empresas concretas en un
concurso de parques eólicos; también en prisión Mónica Quintana (PP) por
presuntos delitos relacionados con igual trama. En Gran Canaria, María Antonia
Torres, concejal (PP) del ayuntamiento de Telde, esta en prisión al haber sido
acusada de los presuntos delitos de cohecho, tráfico de información privilegiada
y malversación de fondos públicos por el cobro de comisiones a cambio de la
adjudicación de obras a determinadas empresas (presuntamente llegó a cobrar
180.000 € a una empresa a cambio de una adjudicación).
Y para que se vea que los supuestos casos de
corrupción están equitativamente muy repartidos y que no son exclusivos -en esta
etapa de gobierno- de la derecha opositora, nos referiremos por último a un
alcalde de Izquierda Unida, Agustín Pavón, de Camas (Sevilla), que junto a los
concejales Antonio Enrique Fraile y Aureliano Lucas (ambos del PP), y el
empresario Eusebio Gaviño estan imputados por haber presuntamente intentado
sobornar a una concejal para que votara a favor de distintas recalificaciones
con perspectivas millonarias. Aquí al menos, en este asunto (tal vez nos
arrastra un irreprimible sentimentalismo) existe algo positivo y es que por
encima de diferencias ideológicas (uno de IU y otros del PP) siempre puede
encontrarse algún punto de entendimiento. La convivencia nacional tiene
salvación, y ello nos reconforta.
Por todas partes es lo mismo. ¿Acaso no
confirma esta afirmación la reciente intervención policial y detención de la
alcaldesa de Marbella, y varios concejales (además de otras personas vinculadas
al mismo asunto), de ya no se sabe de que disciplina partidaria tras tantos
tránsfugas, partidos de ocasión, etc por “negocios” inmobiliarios y
enriquecimientos vertiginosos?. Habría también que investigar no solo en la
costa mediterránea sino en otros escenarios. El desistimiento en la confianza
hacia el Estado de derecho se está generalizando, y ello es muy peligroso porque
la democracia, la libertad, puede estar en juego.
*Artículo publicado en el Federal Nº26 de Abril de 2006
