La Audiencia Nacional española reconoce a
los asesinados en Montejurra '76 como víctimas del terrorismo
Después de 27 años de batalla
Legal, hemos conseguido que aunque tarde se haga Justicia. La Audiencia Nacional,
contestando a un recurso de nuestro compañero el abogado JOSÉ ÁNGEL
PÉREZ NIEVAS-ABASCAL, ha sentenciado que Ricardo y Aniano fueron
victimas del Terrorismo, y por tanto acreedoras de todos los derechos como
tales. La gran pena es que la madre de Aniano ya ha fallecido y no ha podido
ver aclarada por la
Justicia, la muerte de su hijo.
Queda claro, también en
los Tribunales, que lo que hicieron con el Carlismo en 1976, fue un ataque
terrorista para acabar con nuestro Partido y sacarnos de la circulación, por
parte de quienes veían en nuestra pujante existencia un peligro inminente
para su futuro.
El Ministerio del Interior deberá indemnizar, tras
cuatro años de recursos, a los familiares de Aniano Jiménez y Ricardo
García
La Audiencia Nacional
ha reconocido a Aniano Jiménez Santos y a Ricardo García Pellejero como
víctimas del terrorismo, según informó ayer el Partido Carlista, en
contra de lo que durante dos años ha estado manteniendo el Ministerio
del Interior, con lo que obliga al departamento dirigido por Ángel
Acebes a indemnizar con 23 millones de las antiguas pesetas (tal y como
dictaba la Ley 32/99 del 8 de octubre) a los familiares de cada una de
las dos personas asesinadas en los sucesos del 9 de mayo de 1976 en
Montejurra.
Pese a que Interior lo ocultó, ambos estaban hace años en un listado
de víctimas del terrorismo
El Gobierno español deberá pagar 23 millones de las antiguas pesetas a
cada familia.
La sentencia de la sección primera de la sala de lo
Contencioso-Administrativo, dictada el pasado cinco de noviembre, echa
por tierra todas las argumentaciones que hasta el momento había
mantenido el Gobierno central para negar la indemnización. En este
sentido, los únicos extremos que no respalda la Audiencia Nacional son
el pago de las costas procesales por el Ministerio y la concesión de la
distinción honorífica de la Gran Cruz prevista en la misma Ley ya que
señala que "no ha sido solicitada en vía administrativa y cuya
concesión, en su caso, corresponde no al Ministro del Interior, sino al
Gobierno". Por esta razón esta solicitud se comenzará a tramitar, una
vez que se ha reconocido la condición de víctimas del terrorismo.
Se pone así un punto y aparte a una larga lucha jurídica que ha
mantenido el Partido Carlista y a su frente el secretario general de
Navarra, José Ángel Pérez-Nievas, durante cuatro años por tratar de
demostrar algo tan sencillo como que Aniano Jiménez y Ricardo García
fueron víctimas de una banda armada.
Sin embargo, contra esta decisión cabe todavía el recurso del abogado
del Estado en nombre del Ministerio de Interior ante el Tribunal
Supremo, aunque este extremo es poco probable.
Argumentos
La sentencia señala que las muertes se produjeron "por la actuación de
una persona integrada en una banda o grupo armado", tal y como exige la
Ley para el reconocimiento de víctima del terrorismo, "con una
coincidencia de objetivos y cierta estabilidad, que impedía el libre
derecho de los ciudadanos a manifestarse". El mayor apoyo que tiene esta
sentencia es el hecho de que los nombres de los dos hijos de las
recurrentes (Magdalena Pellejero y Natividad Santos) aparecen en la
"relación estadística del gabinete de Administración, Documentación e
Informática sobre víctimas del terrorismo del Ministerio del Interior
(folio 87 y 88 del expediente administrativo tomo II), en los que figura
grupo autor y en el interior de la casilla correspondiente
c.tradicionalista".
Este dato fue descubierto por el abogado de las madres de los fallecidos
(Pérez-Nievas) al pedir la documentación existente al respecto,
información que hasta el momento desde este departamento se había
ocultado.
Pero la Audiencia Nacional, frente a las pruebas presentadas en
numerosas ocasiones por el Partido Carlista y que implican a Manuel
Fraga (entonces Ministro de la Gobernación) y a Adolfo Suarez (Ministro
Secretario General del Movimiento en 1976), califican los sucesos de
aquella mañana nublada de mayo como de "enfrentamiento entre los
partidarios de Sixto de Borbón y los seguidores de Hugo Carlos de
Borbón, tratando de obtener uno y otros la primacía de los actos
religiosos y políticos programados conforme a ideologías divergentes
aunque insertas en el Partido Carlista del que constituyen dos facciones
distintas".
Implicación del Estado
A pesar de ello, y aunque no ha sido ratificado en sentencias, numerosas
pruebas recogidas desde el día siguiente de los asesinatos han venido a
demostrar la implicación del Estado en estos sucesos.
En este sentido se encuentran las municiones halladas en la cima en las
que se podía leer Pirotecnia Militar, 25 cartuchos, la pasividad de la
Guardia Civil (con mayor presencia que nunca), las reservas de
habitaciones realizadas desde el Gobierno o las declaraciones del
fallecido general Sáenz de Santamaría, entonces Jefe del Estado Mayor de
la Dirección General de la Guardia Civil. Éste, recordando los sucesos,
señaló que "bajo la intención genérica de reconquistar Montejurra y
arrebatarla a los que calificaban como rojos-marxistas, consiguieron que
el Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de
organizar la operación, que recibió el nombre de Reconquista. Se
establecieron contactos entre organismos como el SECED (Servicio Central
de Documentación de la Presidencia del Gobierno y antecedente del actual
CESID), la Guardia Civil y los dirigentes del Partido Carlista ya
citados (Sixto de Borbón y José Arturo Marquez de Prado). El CESED,
fundado por Carrero Blanco, estaba dirigido en aquel momento por el
general Juan Valverde. Las reuniones fueron coordinadas por el propio
Ministerio de la Gobernación, cuyo titular era Manuel Fraga".
Además destaca que la financiación corrió a cargo de Oriol y Urquijo,
presidente del Consejo de Estado (presente en el acto y en comunicación
con el general Campano, secretario general de la Guardia Civil), "quien
depósito varias cantidades en diversas entidades bancarias de Santander,
Vitoria, Logroño, Pamplona y Burgos, destinadas a los desplazamientos de
sus partidarios" y mercenarios como las asociaciones de ultraderecha:
Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español, Fuerza Nueva,
Internacional Fascista Italiana y la Triple A argentina.
Familias
Aniano Jiménez Santos "Estamos muy contentos y emocionados de que lo
hayan reconocido". Esas fueron ayer las primeras palabras de Miguel
García Pellejero, hermano del estellés Ricardo, asesinado en la cumbre
de un tiro que surgió entre la niebla aquel 9 de mayo. "Al principio
éramos un poco escépticos, aunque yo menos, porque sé que Pérez- Nievas
tiene mucho tesón y al Partido Carlista también le interesaba para que
se viera que no tuvo culpa de nada. El Gobierno tuvo en sus manos el
pararlo y no quisieron. Por qué, pues ellos lo sabrán".
Ricardo García Pellejero La reclamación del santanderino Aniano Jiménez
Santos la llevó un cuñado que falleció hace un año y su testigo lo
recogió otro, Laudelino Cisneros. "Es un día importante aunque
agridulce. Ha tardado tanto que algunas personas como su madre o su
cuñado no lo han podido ver. Moralmente se ha hecho justicia, después de
tantos años se ve que fue un acto puro de terrorismo, con premeditación
y todo lo que conlleva. Quiero agradecer el apoyo de Pérez-Nievas y de
mucha gente de Navarra que nos han respaldado o escrito cartas; siempre
lo hemos agradecido".
http://www.rebelion.org/spain/040610laa.htm
LOS CRIMENES DE
MONTEJURRA 1976
o
El último intento para acabar con el Partido Carlista
Versión corregida del texto facilitado por el General Sáenz
de Santamaría :
ANTECEDENTES:
El Partido Carlista había experimentado una significativa evolución hacia la Democracia en los
últimos años del franquismo. Cada año, la concentración carlista de
Montejurra fue adquiriendo un carácter más reivindicativo hasta llegar a
convertirse en punto de encuentro de las fuerzas progresistas estatales.
El
acto se autorizaba como celebración religiosa legalizada. Posteriormente a la
muerte de Franco, la presión de elementos ultraderechistas apoyados por
medios como El Alcázar, y dirigentes del Partido Carlista (FALSO) de la facción de don Sixto de
Borbón (SIXTO
NUNCA TUVO MÁS PARTIDARIOS QUE AQUELLOS POCOS FASCISTAS O JUANISTAS QUE
QUISIERON SERVIRSE DE EL PARA ATACAR AL PARTIDO CARLISTA Y DESDE LUEGO
NINGUNO MILITANTE Y MENOS DIRIGENTE DEL PARTIDO CARLISTA, SEGURAMENTE EL
GRAL. SANTAMARIA QUIERE REFERIRSE A LOS QUE SE HACIAN LLAMAR COMUNION
TRADICIONALISTA O FET Y DE LAS J.O.N.S.), conocido por sus posiciones de carácter fascista y
opuesto al pretendiente Carlos Hugo consiguieron la colaboración de servicios
de la Seguridad
del Estado.
Entre los hombres clave de esa decisión estaban José Arturo
Márquez de Prado, Antonio María de Oriol y Urquijo, a la sazón presidente del
Consejo de Estado, y el general Campano, entonces director general de la Guardia Civil
(NINGUNO DE ELLOS
MILITANTE DEL PARTIDO CARLISTA).
Bajo la intención genérica de «reconquistar Montejurra»
y arrebatarla a los que calificaban como rojos-marxistas, consiguieron que el
Gobierno Arias-Fraga tomase en consideración la propuesta de organizar la
operación tendente a dicha «reconquista». La operación recibió el nombre
clave de «operación Reconquista». Para ello se establecieron contactos entre
organismos como el SECED (Servicio Central de Documentación de la Presidencia del
Gobierno y antecedente del actual CESID), la Guardia Civil y
los dirigentes del Partido Carlista (falso) ya citados. El CESED, que fue fundado por Carrero
Blanco, estaba dirigido en aquel momento por el general Juan Valverde. Las
reuniones fueron coordinadas por el propio Ministerio de la Gobernación, cuyo
titular era Manuel Fraga.
ORGANIZACIÓN
Se adoptaron medidas tendentes a dar la impresión de que se trataba de una
reconquista civil de los verdaderos Requetés, fieles a la tradición, que con su
«fortaleza moral y política» como diría después el diario ultra El Alcázar
-habían rechazado a los traidores a la verdadera ideología carlista-.
Para lograrlo, el Gobierno encargó al SECED la propaganda del acto,
concentrando a simpatizantes en la zona de Montejurra –monasterio de Irache –
a base de ofrecimientos económicos y de facilitar medios dc transporte.
Asimismo se repartieron por el servicio citado – el SECED –gran cantidad de
bastones y cachabos con el objeto, decían, de facilitarles la subida al
cerro. Estaba claro que eran para ser empleados en la agresión prevista.
La
financiación de la operación corría a cargo del señor Oriol y Urquijo, quien
depositó en diversas entidades bancarias de Santander, Vitoria, Logroño,
Pamplona y Burgos, cantidades destinadas a sufragar los desplazamientos de
los simpatizantes. Por otra parte, organizaciones de ultraderecha como los
Guerrilleros de Cristo Rey – J. Sánchez Covisa –,Fuerza Nueva y otras,
contactaron con miembros de la Internacional Fascista
italiana, con la Triple A
argentina y con otras organizaciones similares.
Esto posibilitó que acudiesen
a Montejurra conocidos miembros del fascismo internacional como Stéfano della
Chiave, Augusto Canchi y el argentino Rodolfo Almirón, que más tarde sería
escolta de Manuel Fraga. En Montejurra apareció por primera vez el mercenario
Jean Pierre Cherid.
La Guardia Civil
se hallaba en esas fechas bajo la dirección del teniente general Ángel
Campano y tenía como subdirector al general de división Salvador Bujanda.
Ambos eran miembros del Partido Carlista (falso) y mantenían una
estrecha relación de amistad con Arturo Márquez de Prado (Pepe Arturo),
principal dirigente de dicho partido (falso). Eso hizo que el señor Márquez de Prado
estuviese los días precedentes, al acto de Montejurra en la Dirección General
con una frecuencia exagerada y participando incluso en reuniones del Director
general con su Estado Mayor y mandos implicados en la organización de los
actos.
El señor Márquez de Prado solicitó para sus militantes, que iban a
concentrarse en la cima del monte con anterioridad, que la Guardia Civil les
dotase de radioteléfonos y les facilitase armamento pesado: ametralladoras.
ametralladora media MG 42/56,utilizada en Montejurra con trípode. Su cadencia
de disparo es de1.200 D/M.Es arma reglamentaria del Ejercito Español
El jefe del Estado Mayor de la
Dirección, a la sazón el entonces general de brigada José
Antonio Sáenz de Santamaría, se opuso rotundamente a esas peticiones y logró
que el director general Campano no accediera a las mismas,(???N.R.) limitándose la
ayuda al envío de un destacamento uniformado de la Comandancia Móvil
de Madrid que se instaló, con anterioridad al domingo 9 de mayo, en la cumbre
de Montejurra y en la falda del monte, en las proximidades del monasterio de
Irache. fueron las que, en definitiva, consiguieron restablecer la situación
tras los enfrentamientos que tuvieron lugar el citado domingo 9 de mayo y a los
que haremos referencia en los siguientes apartados.
DESARROLLO
DE LOS ACONTECIMIENTOS:
Durante la noche del 8 al 9 de mayo los elementos reclutados por la
ultraderecha se desplazaron a la cima del monte, donde se apostaron, Cuando
los carlistas partidarios de Carlos Hugo estaban ya en la mañana del día 9, a punto de alcanzar la
cima, se encontraron con el grupo de ultraderechistas partidarios de Sixto,
el hermano de Carlos Hugo. Estos componentes del bando de Sixto abrieron
fuego sobre los que llegaban, produciéndose un tiroteo con armas cortas,
pistolas.
En el tiroteo resultaron dos muertos y varios heridos. Uno de los
muertos fue Ricardo García Pellejero, que fue alcanzado por un disparo
efectuado por el que fue llamado «el hombre de la gabardina», vestido con una
larga gabardina, boina colorada y una pistola en la mano. Fue posteriormente
identificado como Martín Garcia Verde,(Jose Luis Marin Garcia-Verde) comandante retirado
del Ejército.
Hubo,además, en el
tiroteo tres heridos graves y varios leves. Uno de los heridos graves,
Adriano Giménez Santos (Aniano Giménez Santos), falleció cuatro días
después.
(Ferran Lucas herido en la cabeza
por los matones que provocaron la tragedia)
REPERCUSIONES
DE LOS HECHOS:
Hubo tres detenidos y procesados:
– Martín Garcia Verde (José Luís Marín García-Verde) fue detenido en Huelva
por la Guardia Civil.
Era comandante retirado.
– Arturo Márquez de Prado fue detenido e ingresado en la cárcel de
Pamplona.
– Francisco Carreras Mouriño fue detenido asimismo e ingresado en la cárcel
de Pamplona.
El primero fue acusado de la muerte de Ricardo García Pellejero. Los otros
dos fueron acusados como dirigentes de la acción violenta del día 9. El
dirigente Sixto de Borbón Parma fue expulsado por el Gobierno, sin permitirse
que el juez le tomara declaración. A los siete meses de su procesamiento, los
tres procesados se acogieron a la amnistía por considerarse los hechos «un
delito político». La
Justicia, con carácter general, mostró muy poco interés en
el esclarecimiento de los hechos.
CONCLUSIONES:
a) Actitud de Fraga
El día en que sucedieron los hechos, Fraga no estaba en España, pues estaba
de viaje oficial en el extranjero. Como se encargó repetidamente de expresar
ante los periodistas, estaba encargado de los asuntos de su departamento el
entonces ministro secretario general del Movimiento, don Adolfo Suárez.
El
señor Fraga, no obstante, y de manera más bien tibia, asumió la
responsabilidad, pero minimizando los hechos que calificó como «una triste
pelea entre hermanos». Ahora bien, en la preparación de la denominada
operación Reconquista y en su disposición a apoyar a la ultraderecha en las
movilizaciones previas, se mostró muy interesado.
b) Inicio de acciones antiterroristas
La conjunción de los distintos elementos que formaron la trama de esta
operación es el primer paso de lo que durante la Transición constituyó
el núcleo de las operaciones de la llamada «guerra sucia» contraterrorista.
Así, vemos que formaron parte de la operación:
–Militares descontentos de la reforma democrática del Régimen.
–Partidos ultraderechistas residuales: Fuerza Nueva, Partido Carlista
oficial.(FALSO, CON ESA DENOMINACIÓN SE REFIERE A LOS INTEGRADOS EN FET
Y DE LAS JONS, EXPULSADOS TODOS ELLOS DEL CARLISMO POR DECRETO LEY DE DON
JAVIER EN 1938).
-Activistas violentos de estos partidos: AAA, Batallón Vasco Español,
Guerrilleros de Cristo Rey.
–Mercenarios reclutados de los partidos ultras extranjeros: PIDE portugués,
Triple A argentina, etc.
–Miembros aislados de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, por
su ideología, no encajaron la reforma del Régimen.
Todo este entramado operó de alguna forma apoyado, directa o indirectamente,
por los aparatos del Estado en todas las acciones de lucha antiterrorista
durante los años setenta y ochenta, en lo que fue el precedente de las
acciones que constituyeron lo que vino a llamarse Grupos Antiterroristas de
Liberación y sin que hubiese solución de continuidad entre los mismos. Hasta
aquí el texto facilitado por el general Sáenz de Santamaría.
El general
participó, como jefe de Estado Mayor de la Guardia Civil, en
las reuniones preparatorias de la operación. Es un testigo presencial, un
protagonista directo. Su testimonio cierra el círculo lógico que se
desprendía del análisis de los hechos conocidos.
El Partido Carlista pide
que se interrogue a Almirón para esclarecer Montejurra'76
Diario de Noticias
El dirigente de la Triple A, y guardaespaldas personal de Fraga,
participó en el asesinato de dos personas en Navarra
El Partido Carlista de
Euskalherria-E.K.A. ha enviado una carta a la Audiencia Nacional
para que antes de extraditarlo se aclaren estos hechos.
