El origen del Carlismo radica, como es sabido, en la sublevación, en 1833, del campesinado de los pueblos hispanos, (entonces sector mayoritario de la población, contra la imposición del liberalismo que, de un plumazo, aniquilaba la organización socioeconómica de aquellas comunidades, sus expresiones ideológicas y culturales, de las que la religión era columna vertebral, y sus libertades forales, allá donde hubieran podido ser conservadas. No se trató pues, como interesadamente se ha querido hacer creer, de una lucha por que reinase tal o cual personaje, sino de las clases populares en defensa de sus intereses contra la burguesía.

Estas comunidades habían desarrollado, a lo largo de los siglos, una interacción con su medio y un estado de equilibrio que la rapacidad del liberalismo destruirá. En 1871 el diputado carlista guipuzcoano Vicente Manterola, alertaría en las Cortes de Madrid del desastre que se avecinaba al grito de ¡Don Carlos o el petróleo!, de triste actualidad en estos días de naufragios y guerras. Anos después, alguien tan poco sospechoso de carlismo como Joaquín Costa, achacaba la responsabilidad de la pavorosa deforestación al "hacha desamortizadora".

Desarticulación de las bases que regían la vida del campesinado, con el consiguiente deterioro económico, Éxodo rural, envejecimiento de la población, cuando no desaparición de pueblos enteros, irreparables perdidas culturales y, por supuesto, degradación ambiental, son las consecuencias de la imposición del liberalismo.

El Carlismo hoy, fiel a su tradición comunalista, foral, popular y defensora de las identidades culturales de los pueblos, propugna la transformación de las estructuras políticas y económicas liberales, hacia otro sistema que denominamos autogestión global.

No hablamos de otra política, sino también de otra cultura, aquella cuya posibilidad de evolución fue cercenada a partir de 1833. Por eso insistiremos en que el problema del declive del Carlismo no tiene unas causas meramente políticas, sino sobre todo culturales, por lo que su resolución debe ser ante todo cultural. En otras palabras, no se trata de pergeñar bellas teorías o de ocupar tales o cuales puestos de concejales o de lo que sea, si no de dar respuesta a las exigencias de unos pueblos conscientes de sí mismos.

Dentro de esa cultura nueva y, a la vez, ancestral, la cultura ecológica ocupa un lugar fundamental. Debemos ruralizar las ciudades, para hacerlas más humanas y habitables, pero también urbanizar los pueblos, para que sus habitantes disfruten de los derechos y la calidad de vida comunes a todos los ciudadanos.

La conservación del equilibrio ecológico será la consecuencia de todo ello. Es más, es consustancial a la existencia de una democracia participativa, de un sistema autogestionario gestionado por ciudadanos responsables y protagonistas de su devenir, lejos de los sistemas liberales de partitocracia, caciquismo, politiquería y corrupción que conocemos.

De esta forma, la política ambiental no es, para nosotros, una política sectorial, como lo es para los partidos liberales, bien sean conservadores o socialdemócratas, sino auténticamente transversal a todas las demás políticas.

Par otra parte, creemos que en la política ambiental, como en otros ámbitos, la educación es fundamental. En efecto, el respeto al entorno comienza en nuestras acciones cotidianas, como pueden ser el uso del agua o el tratamiento de las basuras. Por eso, tanto la solución como a los problemas globales -energéticos, de residuos, de recursos, de producción y consumo, de sostenibilidad en suma- pasa par un análisis que debe comenzar por la consideración de las necesidades de las entidades socioeconómicas y políticas mas básicas, para ir hacia las mas amplias, análisis que sólo puede resultar válido desde un planteamiento autogestionario.

Consecuentemente, no podemos más que estar en contra de los macroproyectos que, en definitiva, solo favorecen a la oligarquía de siempre, tales como los planteamientos energéticos masivos y monopolizadores, cuya punta de lanza siguen siendo las centrales nucleares, o el demencial Plan Hidrológico Nacional, del que su principal virtualidad es la de proporcionar ingentes beneficios a las empresas cementeras y de obras públicas, a costa de cercenar las posibilidades de desarrollo sostenible del Pirineo y la cuenca del Ebro.

Par tanto los Carlistas basamos nuestro programa de política ambiental en los siguientes puntos básicos.

1. Promoción universalizada de la Educación Ambiental.

2. Establecimiento de derechos y niveles ambientales a todos los niveles (doméstico, local, sectorial, municipal, etc.).

3. Análisis de necesidades ambientales a esos niveles, potenciando las soluciones locales antes que las externas (pequeñas centrales, soluciones mancomunadas, etc.), siempre en clave de solidaridad.

4. Rechazo a los macroproyectos (centrales nucleares, centrales eólicas descomunales, P.H.N., etc.)

En definitiva, propugnamos un mundo en el que el poder esté repartido entre los ciudadanos y en el que éstos sean responsables y protagonistas de su gestión.

Fernando Sánchez