-ESPAÑA ENTERA ES CIEMPOZUELOS-

La localidad madrileña de Ciempozuelos hace tiempo tan solo era conocida por ser la ubicación del Hospital Psiquiátrico Provincial, es decir del manicomio de Madrid, ha tomado gran relevancia informativa al descubrirse una trama de corrupción urbanística en la que, al parecer, se encuentran implicados el actual alcalde socialista y su antecesor, también edil socialista.

Lo cierto es que hay indicios y más que indicios que hacen  presumir que nos encontramos ante una simple, vulgar y generalizada parcelación de todo lo que constituye el territorio nacional para mayor lucro de constructores, gentes sin escrúpulos y, quién sabe, si también de los partidos políticos en el poder o en sus aledaños, pues aunque el concreto caso del municipio de Ciempozuelos se da en un ayuntamiento gobernado por el Partido Socialista, no es menos cierto que también existen casos similares en ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, como es el caso del municipio abulense de Las Navas del Marqués donde se han arrasado decenas de hectáreas de pinos protegidos con la finalidad de construir una urbanización de chalets con varios campos de golf.

La corrupción urbanística es la principal causa del elevadísimo precio de la vivienda porque las comisiones que las empresas constructoras pagan por conseguir recalificaciones de suelo se repercuten finalmente en el precio de la vivienda que además esta engrosado por el siete por ciento de Impuesto de Valor Añadido y el elevadísimo margen de beneficio con el que trabajan las constructoras.

Siempre se ha pretendido regular el precio de la vivienda actuando sobre el suelo, concretamente liberando suelo para construir, pero con el tiempo tal política se ha demostrado errónea pues la liberación del suelo siempre se ha hecho mediando comisiones económicas que eran lógicamente repercutidas en el precio final de la vivienda. Tras años de políticas fracasadas para garantizar el acceso a la vivienda, que recordemos es una necesidad primaria, un derecho fundamental y, más aún, un derecho natural del ser humano, es necesaria una triple acción que permita la reducción de los precios.

En primer lugar hay que acabar con la filosofía neoliberal o, mejor dicho, libertina de que la moral y/o la ética no tienen nada que ver con la política ni con el derecho positivo y llevar a cabo una total moralización de la vida pública (y también de la sociedad española) recordando que la política es un servicio, que como tal es en muchas ocasiones sacrificado y que el político no es más que un servidor público. Entre otras cosas se ha de elaborar urgentemente una ley de partidos políticos que les obligue a financiarse exclusivamente con las cuotas de sus propios afiliados y que les hagan patrimonialmente responsables por los actos ilegales que puedan cometer desde las instituciones que gobiernen, extendiendo tal responsabilidad en parte proporcional a sus dirigentes y afiliados de base.

Asimismo, en segundo lugar, se hace preciso regular y limitar mediante ley los márgenes de beneficio con el que trabajan las empresas constructoras y promotores inmobiliarios que en la mayoría de los casos viene a superar el ciento cincuenta por cien sobre todos los gastos (material, salarios, impuestos, comisiones…) que genera la construcción de las viviendas.

Para estas dos primeras acciones se ha de crear una “Fiscalía de la Construcción” dependiente del Ministerio de Justicia y asistida por peritos arquitectos e ingenieros que vele por la escrupulosa legalidad y racionalidad en la elaboración los planes urbanísticos teniendo capacidad para paralizar obras, instar auditorias, retirar competencias urbanísticas a municipios y por supuesto, promover querellas contra presuntos corruptos e incluso, ¿Por qué no? destituir alcaldes y concejales.

Finalmente, otra medida a adoptar para reducir el precio de la vivienda, es la rebaja de los impuestos que gravan a los inmuebles cuando realmente se van a utilizar como vivienda habitual. En este sentido llama poderosamente la atención que la vivienda de nueva construcción este gravada por un siete por ciento de Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando puede estar gravada solo por un cuatro por ciento e igualmente se puede reducir el tipo del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados cuando el bien transmitido sea un inmueble destinado a vivienda habitual. En este sentido hemos de anticiparnos a los que se manifiesten sobre la pérdida de ingresos por parte del estado argumentando que también sería posible incrementar los impuestos de Valor Añadido y Transmisiones Patrimoniales sobre las viviendas que van a constituir tercera o sucesivas viviendas y que por tanto solo van a tener una exclusiva finalidad especulativa.

El escándalo de Ciempozuelos no deja de ser paradójico pues recordando, como se ha dicho al inicio del presente escrito, que en tal pueblo estaba situado el manicomio madrileño, toda la sociedad española habría perdido su sano juicio si no pone coto, mediante un voto cuerdo, a la especulación inmobiliaria ya que esta emerge en nuestro país como una nueva desamortización que amenaza con acabar con todo nuestro patrimonio forestal, costero e incluso artístico porque de seguir así llegaremos a ver como se declaran en ruinas edificios emblemáticos e históricos de nuestras ciudades (recordemos el caso de la llamada “Casa de San Isidro” en Madrid), se promueve su derribo y se recalifican sus terrenos para mayor beneficio de los de siempre.

                                                                                                                        A. E.

Artículo publicado en el Federal Nº28 de Noviembre de 2006